Sin Agricultura, no hay alimentos.
Empresarios de distintos tamaños, altos ejecutivos y especialistas plantean medidas que se podrían aplicar en los próximos meses para sacudir el bajo crecimiento de la economía y propiciar una recuperación del mercado laboral.
■ Aplicar una lógica de ‘permisología’ base cero
‘Lo primero es pensar que el significado de corto y largo plazo están cambiando en la era de la IA. Hoy, corto plazo ya no significa pensar en pequeño ni conformarse con soluciones ‘parche’. La combinación de velocidad y escala de esta era permite rediseñar en meses o incluso semanas, procesos que antes tardaban años.
Hemos aprendido que la ‘permisología’ es un impuesto invisible a la inversión porque encarece, posterga e incluso mata proyectos, y peor aún, recauda cero. Es decir, todos perdemos.
Después de años de crecimiento modesto, esta es una palanca que Chile debe activar ahora, especialmente por el contexto 2026 en que estamos. Además, no partimos de cero. Ha habido avances recientes, pero los baby steps ya no alcanzan.
Pensaría en que podemos aplicar una lógica de ‘permisología’ base cero. No se trata de digitalizar el laberinto existente, sino de preguntar qué riesgo real protege cada permiso, cuáles siguen siendo indispensables y cuáles deberían desaparecer. Desde ahí, se podría rediseñar el sistema para una nueva fuerza de trabajo pública: talento humano más agentes de IA capaces de reunir antecedentes, cruzar información y tramitar procesos simultáneamente, con datos interoperables, trazabilidad y respuestas en días, no en años. Las decisiones complejas y la responsabilidad final deben permanecer en manos humanas.
■ Cambiar el sistema de indemnización por años de servicio
‘Modificar la indemnización por años de servicio puede ser una medida efectiva de corto plazo porque Chile necesita recuperar con urgencia la creación de empleo formal.
Con un desempleo de 9,5% y una caída de 2,4% de los asalariados formales en doce meses, debemos revisar aquellos factores que elevan el costo y la incertidumbre asociados a contratar. Hoy la indemnización puede alcanzar hasta 11 remuneraciones, un nivel que la OCDE considera relativamente alto en comparación internacional. Avanzar gradualmente hacia un sistema en que los derechos se acumulen desde el inicio y sean portables entre empleos reduciría ese pasivo contingente, especialmente relevante para las pymes, y favorecería la contratación y la movilidad laboral.
La clave es resguardar los derechos adquiridos: no se trata de reducir la protección, sino de hacerla más cierta, portable y compatible con un mercado laboral dinámico y actualmente muy decaído y con un 26,5% de empleo informal. Una señal clara en esta dirección puede mejorar desde hoy las expectativas de contratación e inversión’.
■ La flexibilización de los contratos por hora en áreas como el turismo
‘Esta modalidad es clave para pymes turísticas y gastronómicas, donde la estacionalidad exige reforzar personal en fines de semana y temporada alta. Permite cubrir picos de demanda y da flexibilidad al trabajador para conciliar compromisos. Sin embargo, fijar un piso hora al doble del estándar encarecería demasiado los costos operativos de una pyme e incentivaría la rotación voluntaria, desincentivando el contrato fijo. La tarifa hora debería ser la estándar, manteniendo el recargo legal correspondiente solo para domingos y festivos’.
CAMBIOS URGENTES
Medidas que agilicen la inversión y los trabajos
■ Destrabar contratos en obras públicas
‘Las empresas chilenas evitan participar en obras públicas por la rigidez y el desequilibrio del sistema de contratación estatal. El Estado traspasa a los contratistas casi todos los riesgos, en contratos que carecen de mecanismos de resolución de controversias, obligando a litigar ante la justicia ordinaria ante cualquier desacuerdo: entre 2009 y 2019 se registraron 83 causas por US$ 330 millones, con litigios de 4,3 años de duración promedio y solo 35% de fallos favorables.
Por ello, las constructoras prefieren el sector privado, con contratos más equitativos. A esto se suma la competencia desleal de empresas extranjeras, que abandonan las obras con escasas consecuencias (GAM, Metro, hospital de Calama). El MOP estudia modificar su reglamento, incorporando alertas tempranas, comisiones consultivas y un Panel de Resolución de Controversias, mientras la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) impulsa una Ley de Contratación Pública que extienda estos mecanismos a todo el Estado’.
■ Reforma de la institucionalidad ambiental sin rebajar los estándares
‘Históricamente, la energía ha sido un habilitador de desarrollo y crecimiento, y a futuro puede profundizar ese rol. Sin ser exhaustivo, hay tres medidas de corto plazo que pueden ayudar al crecimiento.
Primero, avanzar en modernizar la distribución, donde no todo es cambio legal. Esto significa reducir asimetrías de información y acelerar la digitalización de las redes, para que empresas y pymes puedan acceder a energía a precios más competitivos y, al mismo tiempo, gestionar eficientemente su consumo.
En segundo lugar, gracias a la inversión en plantas fotovoltaicas y el nuevo boom de almacenamiento en baterías, Chile tiene en el norte una abundancia de energía renovable y competitiva que puede ser un motor de crecimiento. Una forma de aprovechar esa abundancia es dar pasos concretos que permitan a Chile interconectarse con países vecinos para exportar esa energía y también atraer inversiones en industrias de alto consumo energético, como la minería y data centers.
En tercer lugar, si bien la Ley de Reconstrucción representa un gran avance y hay pasos administrativos concretos para destrabar los permisos, se necesita en el corto plazo una reforma de la institucionalidad ambiental que, sin rebajar los estándares ambientales, permita que la evaluación de proyectos de inversión se haga en plazos más acotados, con menor incertidumbre y discrecionalidad y con mayor predictibilidad de los criterios de evaluación’.
■ Acelerar la Ley de Reconstrucción
‘El mecanismo más efectivo para acelerar la reactivación es que se implementen en forma rápida, efectiva y clara. Por ejemplo, la eliminación temporal del IVA para las viviendas, que efectivamente es una muy buena medida, ha traído un efecto temporal negativo mientras su implementación no se concrete. Lo mismo ocurre con la necesidad de que las nuevas normas sean interpretadas con claridad. El Gobierno debe estar atento para identificar eventuales trabas que puedan surgir por distintas interpretaciones que puedan darse a la nueva normativa, especialmente en el ámbito tributario. La claridad de las reglas es indispensable para cualquier inversionista.
‘Es frecuente que la implementación de algunas leyes se entrampe en la etapa reglamentaria y posteriormente en las interpretaciones que hacen los distintos servicios y organismos del Estado. Es indispensable que el conjunto de medidas establecidas en la Ley de Reconstrucción tenga definido un plazo de implementación claro y concreto y que, además, su normativa no admita dobles o triples interpretaciones’.
■ Reforma al mercado de capitales y fin a los ‘impuestos de frigobar’
‘La transmisión de la política monetaria suele demorar varios trimestres en permear con fuerza a la economía real. Por ello, actuar sobre la regulación crediticia y tributaria marginal es la palanca más rápida para reactivar la inversión (e impulsar el empleo), sin gasto fiscal.
Es necesario avanzar con rapidez a la utilización de modelos internos (aplicados ampliamente por la OECD) para el cálculo de los activos ponderados por riesgo (APR). Flexibilizar los requerimientos de capital, es decir alinear las exigencias del cargo de capital sistémico, y optimizar el colchón de capital contracíclico que es complementario con el de cargo de capital sistémico. Esto liberaría holgura de balance en la banca de manera inmediata, generando un shock de oferta de crédito que permitiría expandir el financiamiento a pymes y personas a menor costo, sin esperar capitalizaciones de largo plazo.
En paralelo, la eliminación de ‘impuestos frigobar’ y el destrabe del mercado de capitales reducen las fricciones e ineficiencias transaccionales que hoy encarecen la intermediación financiera. Esta combinación inyecta liquidez directa en cuestión de meses, abarata el costo del financiamiento para proyectos estancados y dinamiza la actividad de forma instantánea en un escenario de recuperación lenta’.
■ Reforma a la seguridad pública
‘Frente a la crisis de seguridad que impacta el desarrollo económico y la calidad de vida de los chilenos, ha sido tentador buscar respuestas reformistas, pero crear nuevas figuras constitucionales no reemplaza las capacidades operativas del Estado.
La pregunta clave que debe responder la política es si nuestras policías cuentan hoy con recursos, atribuciones, tecnología y personal suficiente para ejercer el control del orden público y atacar al crimen organizado, permitiendo que las Fuerzas Armadas se aboquen a sus funciones originarias.
Una gestión pública eficaz, el uso de buenos mecanismos de inteligencia y la coordinación entre los entes fiscalizadores y con nuestros países vecinos, sumado a proyectos de ley donde todas las fuerzas políticas concurran pensando en el bien común, es el único camino para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el comercio ilegal con resultados sostenibles en el tiempo, requisito indispensable para recuperar la estabilidad económica que tanto urge’.
■ Sala Cuna Universal tiene impacto posterior
La aprobación del proyecto de ley de sala cuna universal no impactará en el crecimiento económico en el corto plazo. En primer lugar, porque el proyecto tiene una transición que atrasa sus efectos en el mercado laboral. En segundo lugar, porque este proyecto no tiene por objeto principal impactar en el crecimiento económico, sino que viene, por una parte, a corregir distorsiones regulatorias que afectan la contratación y remuneración de las mujeres y, por otra parte, a incentivar la inserción laboral maternal al hacer más compatible el trabajo con la familia.
■ Facilitación de trabajos para las cosechas
‘En materia de mano de obra extranjera, necesitamos aumentar el límite vigente del 15% y modernizar la legislación. Soy partidario de que el porcentaje quede abierto: si hay chilenos disponibles, trabajarán; pero si no los hay, podría permitirse que el 80% o incluso el 100% de los trabajadores sean extranjeros, sin quitarle el puesto a un chileno. Al menos, debería autorizarse rápidamente un 50% o 70%.
También necesitamos una visa fácil y rápida, especialmente para trabajadores bolivianos y de países vecinos. La persona podría mostrar su carné en el control fronterizo, señalar que viene a trabajar en la agricultura y recibir automáticamente una visa por tres o seis meses. Así quedaría registrada y el país podría saber cuántas personas ingresan y qué infraestructura se requiere. Incluso, el empleador podría informar al Registro Civil a quién contrató, para conocer su historial laboral’.
Recuadro
Furor entre 2005 y 2008:
El debate en torno al posible regreso de hipotecarios al 100%. B4
Lo sitúan en US$ 5,37 la libra
Expertos elevan en casi US$ 1 el cobre para el Presupuesto. B5
Los riesgos asociados:
Cómo operan los sorteos de stickers al estilo ‘Tío Tito’. B9
Toda la carne a la parrilla:
¿Lomo liso, filete o asado de tira? El precio ante el ’18’. B10
Fuente: El Mercurio