Categoría: agronoticias

Jornada baja de 44 a 42 horas y costos laborales suben otro 4,8% , también horas extras y cierre anticipado de locales

Si bien algunas empresas ya avanzaron en este ajuste, David Bravo advierte frente al nuevo ‘golpe’ al empleo que puede significar restar otras dos horas ‘sin que haya aumentado la productividad’, en un escenario que la cesantía alcanza 8,3%.
A partir de hoy, la jornada laboral para todos los trabajadores que se rijan por el Código del Trabajo se reduce de 44 a 42 horas, dando inicio a la segunda etapa de la Ley 21.561, aprobada en 2023. En abril de 2028, llegará a 40 horas semanales.

‘Hasta el momento la reducción había sido relativamente pequeña, al igual que el aumento de costo, pero el importante viene ahora este año y en la próxima etapa, que habrá disminución de 2 horas’, señala el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo. El economista indica que esto aumentará en 4,8% los costos laborales. ‘Los trabajadores tienen la misma remuneración, pero con dos horas menos y los costos crecen’, explica Bravo.

Y agrega: ‘Preocupa el golpe que esto implica en el empleo sin que haya aumentado la productividad, que continúa muy estancada’.

La legislación, impulsada en 2017 por las exdiputadas PC Camila Vallejo y Karol Cariola, y que finalmente fue aprobada en el gobierno de Gabriel Boric, fue cuestionada el año pasado por el Banco Central por su impacto en el empleo, además de medidas como el aumento del salario mínimo. En su Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre de 2025, afirmó que habían impactado negativamente la creación de empleo formal, con presiones de costos para las empresas. ‘Sin mejora ni incremento en la productividad pone en riesgo los empleos’, dice Bravo, cuando el desempleo se sitúa en 8,3%.

A su juicio, el proyecto de Reconstrucción presentado por el Gobierno busca compensar estos mayores costos, mediante el crédito tributario para la contratación. ‘El proyecto apunta a dar alivio a las empresas que contratan personas formalmente’, dice el economista.

Dictámenes de Dirección del Trabajo
Hace algunas semanas la Dirección del Trabajo emitió dos dictámenes referentes a la reducción de jornada. El primero establece que el mecanismo principal para implementar la rebaja debe ser de acuerdo mutuo entre empleador y trabajador. En caso de que no se logre, el primero tiene la facultad de decidir cómo reducir las dos horas.

Entre los sectores más afectados, Bravo menciona en primer lugar comercio, que a su vez es uno de los más activos en la generación de empleo. No obstante, asegura que todos se verán impactados de diferentes maneras.

■ Construcción: ‘Van a aumentar mucho las horas extras’
Hace dos semanas el administrador de la construcción de un edificio de más de diez pisos citó a sus casi 140 trabajadores para definir cómo rebajar de 44 a 42 horas.

En votación, eligieron trabajar una hora menos el miércoles y otra el jueves, saliendo a las 17 horas, al igual que el viernes. Un grupo prefería que todo se consolidara el viernes y así salir a las 15 horas, lo que no prosperó.

‘Van a aumentar mucho las horas extras’, dice el administrador. Y explica que hay faenas que no pueden esperar, como el proceso del hormigón. ‘En caso de hormigonar hasta pasado las cinco de la tarde, hay que pagar horas extras’, explica. Por cuadrilla —dice— son 10 personas.

El sector, indica, está muy afectado por gastos como arriendo de equipos, donde cada hora más implica alargar plazos con costos muy elevados.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, sostiene que cada empresa tiene que organizarse de acuerdo a sus condiciones, ubicación, tamaño y tipo de obra. Y agrega: ‘Cambios en la jornada tienen un impacto en todo el sistema, sobre todo cuando no van acompañados de aumentos de productividad’.

■ Comercio: ‘Exige rediseñar procesos, turnos, dotaciones’
Las empresas del comercio llevan dos años planificando los ajustes para ir reduciendo la jornada, dice la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Es que sostiene que es un cambio profundo en la forma en que organizan el trabajo. ‘Este nuevo escenario exige rediseñar procesos, turnos, dotaciones y sistemas de control’, dice.

El mayor desafío es la operación diaria, mantener niveles de servicio, cobertura horaria y productividad con menos horas por trabajador. ‘Esto eleva las exigencias en gestión’.

Se suman los turnos. Se ha ajustado la distribución de la jornada, con reducciones concentradas en días específicos o esquemas mixtos.

La integrante de la comisión regulatoria de la Cámara Nacional de Comercio, Lilia Jerez, añade que las empresas han alcanzado acuerdos con trabajadores y organizaciones sindicales. Y en quienes no logran acercamientos, se ha determinado rebaja en una hora al término de la jornada en dos días.

‘Es evidente que con esto los trabajadores van a estar menos tiempo prestando servicios, aunque se ha ido trabajando para ir adecuando los turnos y asegurar el servicio que se entrega a los clientes’, detalla.

Vial pone el foco en los mayores costos laborales. ‘Esto obliga a las empresas a absorber el impacto mediante mayor dotación o redistribución de horas, incremento en costos laborales, reforzamiento de turnos y mayor complejidad en la gestión y cumplimiento normativo. La reducción de jornada no reduce costos: los redistribuye y, en muchos casos, los aumenta’.

El gerente general de la asociación AG Marcas del Retail, Gonzalo Errázuriz, estima fundamental que se implemente con criterios de flexibilidad. ‘Resulta clave contar con espacios que permitan adaptar la normativa a cada realidad, resguardando tanto la continuidad operacional como la experiencia de los consumidores’.

■ Agricultura: mecanización compensa mayores costos
‘El sector agrícola lleva bastante tiempo trabajando con jornadas adaptadas a las condiciones climáticas. Por ejemplo, durante la temporada de primavera y verano, cuando las temperaturas son más altas, en muchos predios la jornada comienza muy temprano e incluye interrupciones para proteger a los trabajadores’, indica el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

Detalla que hace años en el campo se trabaja a trato. Es decir, la cosecha se paga por kilo cosechado; las podas, por árbol podado; y el raleo, por árbol raleado. ‘Como las personas trabajan a trato, lo hacen a un ritmo alto, por lo que las jornadas suelen ser más cortas’, explica Walker. Este formato corresponde al 75% de los trabajadores. Solo un 20% a 25% tiene contrato indefinido como trabajadores de planta que en muchos casos cumplen labores más bien administrativas. Y es ahí donde impacta la reducción de jornada.

En esos casos, el presidente del gremio sostiene que han promovido acuerdos entre empleadores y trabajadores para la distribución de la jornada. ‘Lo más común ha sido reducir dos horas el viernes, o una el jueves y otra el viernes. El recibimiento ha sido positivo y los casos en que no se ha llegado a acuerdo, han sido escasos’.

Y agrega: ‘Para los trabajadores, sin duda es un beneficio importante. Al empleador, en cambio, le han aumentado los costos laborales: el sueldo mínimo, la reforma de pensiones y ahora la reducción de la jornada laboral’, que ha sido en parte compensada con avances tecnológicos. ‘Se han incorporado sistemas computacionales, mayor mecanización, especialmente en las centrales frutícolas, y robotización’.

Por otro lado, sostiene que debido a que el trabajo agrícola exige un mayor esfuerzo físico, una jornada más corta puede ser atractiva. ‘Aunque esta medida implica mayores costos, también puede contribuir a atraer más fuerza laboral nacional hacia el sector agrícola’, indica Walker.

■ Gastronomía: ‘Todos se quejan de que los restaurantes están cerrando muy temprano’
‘Los domingos está súper complejo trabajar’, dice el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, que reúne a las principales cadenas y proveedores del sector. Relata que existe un grupo de personas que prefiere trabajar el domingo, porque mejoran sus ingresos, pero la ley ‘es rígida y no permite trabajar más de dos domingos al mes’.

Si bien admite un sentido social positivo, advierte un ‘defecto de fondo’: ‘Se legisló sin considerar medidas para mejorar la productividad’. A su juicio, la falta de adaptación a cada rubro, impacta la experiencia del cliente y los costos operativos de las pymes.

La respuesta natural del turismo y la gastronomía —subraya— será el ajuste de horarios. ‘El problema, es que todos ya se quejan de que los restaurantes y las cocinas están cerrando muy temprano’, señala.

Adicionalmente, advierte un riesgo de precarización laboral. ‘Cuando estemos en régimen de 40 horas, es posible que trabajadores que tengan empleos de cuatro días a la semana busquen una ocupación informal para los días restantes, y suplementar sus ingresos’.

Desde el gremio aseguran que plantearon esta situación a las autoridades, pero no fueron escuchados. ‘Se nos dijo que eso era materia de otra ley. El sector turismo genera cerca de 750.000 empleos a lo largo de Chile, mayoritariamente mujeres, y requiere de un estatuto que entienda la estacionalidad; que permita jornadas más largas en temporadas altas y más cortas en las bajas’, señala Picallo.

■ Hotelería: ‘La falta de flexibilidad va a empobrecer o encarecer el servicio’
Cuando la jornada se reduzca a 40 horas en 2028, el sector hotelero aumentará en 18% sus costos. Así lo estima Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile y dueño del NOI, quien sostiene que la ley los está forzando a tomar decisiones drásticas para ‘capear la tormenta’ de costos.

‘Esto realmente va a empobrecer o encarecer el servicio’, dice. ‘Empobrecerlo significa que lo que antes funcionaba hasta la una de la mañana, ahora cerrará a las once. Y para un extranjero eso es muy poco atractivo’, explica.

Esta nueva reducción llega en un momento complejo para la industria —subraya—, golpeada por el alza de la energía eléctrica, el gas y los insumos básicos. Pese a eso, la mayoría de los hoteles se adelantó e implementó las 42 horas este 1 de enero, ‘aunque el costo de fondo es muy alto’, advierte.

Enfatiza que la ley no calculó el impacto en servicios que no pueden detenerse, desde la hotelería y la salud hasta la conserjería de edificios y las estaciones de servicio. Así, propone buscar fórmulas de flexibilidad laboral, como permitir que una persona tome dos turnos con un descanso intermedio prolongado, para mantener la operatividad sin disparar el gasto en horas extras.

‘Se necesita voluntad. Con la autoridad anterior fue imposible; presentamos un documento de más de 70 páginas junto a Achiga, y no nos dieron respuesta’. Ahora, hace dos semanas, se reunieron con el Ministerio de Economía. ‘Hubo un interés real de apoyar. Estamos en plena ronda de presentaciones también con Hacienda y Trabajo’.

El programa se basa en una secuencia de acciones partiendo con la realización inicial de diagnósticos prediales integrales basados en el Manual de Transición Agroecológica para la Agricultura Familiar Campesina, donde se evalúan aspectos clave como la calidad del suelo, la fitosanidad de los cultivos, la disponibilidad de agua, la biodiversidad y el nivel de articulación organizacional de los agricultores.

En un escenario agrícola cada vez más desafiante, marcado por la variabilidad climática, la escasez hídrica y la necesidad de sistemas productivos más resilientes, la Región de La Araucanía está dando pasos concretos hacia una transformación en la forma de producir alimentos.

A través del programa ‘Transición a la Agricultura Sostenible’ (TAS), impulsado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en convenio con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), más de un centenar de agricultores y agricultoras ya se encuentran avanzando en un proceso de cambio hacia sistemas productivos de base agroecológica.

La iniciativa, desarrollada actualmente en 13 comunas de la región, distribuidas en territorios de la costa, el valle y la precordillera, ha permitido abordar la diversidad productiva y ambiental característica de La Araucanía.

En total, 111 agricultores forman parte de este proceso, el cual se distingue por su enfoque predial y personalizado, centrado en la realidad específica de cada unidad productiva.

El programa se basa en una secuencia de acciones, partiendo con la realización inicial de diagnósticos prediales integrales basados en el Manual de Transición Agroecológica para la Agricultura Familiar Campesina, donde se evalúan aspectos clave como la calidad del suelo, la fitosanidad de los cultivos, la disponibilidad de agua, la biodiversidad y el nivel de articulación organizacional de los agricultores.

Dicho análisis permite identificar brechas concretas y, a partir de ellas, diseñar planes de transición predial ajustados a las condiciones productivas, sociales y culturales de cada agricultor. De esta forma, la transición no se plantea como un modelo único, sino como un proceso gradual, dinámico y participativo.

PRIMEROS RESULTADOS

Los primeros resultados evidencian que la agricultura familiar campesina (AFC) de la región ya cuenta con una base relevante sobre la cual avanzar.

En términos generales, se observan fortalezas importantes en la sanidad de los cultivos y en la calidad de los suelos, reflejando un conocimiento práctico por parte de los agricultores.

Sin embargo, también se han identificado desafíos significativos, particularmente en el manejo ecológico del suelo, la disponibilidad de agua y la participación en organizaciones agroecológicas o cadenas comerciales, aspectos que resultan fundamentales para consolidar procesos de transición en el mediano y largo plazo.

Uno de los elementos más relevantes del programa es que reconoce la transición agroecológica como un proceso progresivo. Actualmente, la mayoría de los agricultores participantes se encuentra en una etapa intermedia, caracterizada por la sustitución de insumos convencionales por alternativas biológicas y el rediseño de sus sistemas productivos, incorporando principios agroecológicos de manera más estructural en su unidad predial.

El programa TAS no solo contempla asesoría técnica, sino también apoyo concreto a través de planes de inversión predial, los cuales incluyen insumos para la elaboración de biopreparados, herramientas agrícolas, sistemas de riego y almacenamiento de agua, además de semillas e insumos de origen orgánico. Esta combinación entre conocimiento técnico y apoyo material permite que los agricultores puedan implementar cambios reales en sus predios, fortaleciendo su autonomía productiva y reduciendo la dependencia de insumos externos.

Desde el equipo técnico que ejecuta el programa en terreno destacan la importancia del acompañamiento directo a los agricultores. ‘Este no es un programa que entregue recetas. Lo que hacemos es trabajar junto a cada agricultor, entender su realidad y diseñar en conjunto un sistema productivo más sustentable. A través de las visitas prediales y las capacitaciones, buscamos que los cambios sean reales, aplicables y que se mantengan en el tiempo’, señala Danilo Matorrala, ingeniero agrónomo, encargado de las asesorías técnicas del programa TAS en las comunas de Collipulli, Ercilla, Victoria y Traiguén.

En este proceso, la experiencia de los propios agricultores ha sido clave para comprender el impacto del programa en terreno.

Los participantes del programa TAS en la Región de La Araucanía destacan la importancia de contar con acompañamiento técnico y herramientas concretas para avanzar hacia una producción más sustentable que permita mejorar los ingresos familiares, a la vez que sostenga una agricultura que pueda perdurar en el tiempo, que represente una visión productiva y que garantice sustentabilidad de todos los recursos del agroecosistema.

Otro aspecto destacable es el perfil de los beneficiarios. La mayoría corresponde a mujeres rurales (sobre el 70 %), con una importante participación de jóvenes agricultores y una fuerte presencia de productores pertenecientes a pueblos originarios, especialmente mapuche.

Esto posiciona al programa no solo como una herramienta productiva, sino también como una estrategia de desarrollo territorial que reconoce y valora la identidad cultural, el conocimiento ancestral y entiende el contexto productivo de la región.

Más allá de la incorporación de prácticas específicas, el TAS propone un cambio de enfoque, pasando desde modelos dependientes de insumos externos hacia sistemas basados en procesos ecológicos, diversificación productiva y fortalecimiento de los conocimientos y las capacidades locales.

‘Si bien los avances iniciales son significativos, el desafío hacia adelante será consolidar estos procesos y mejorar indicadores, especialmente en lo que respecta al rediseño integral de los agroecosistemas y la articulación de los agricultores en redes territoriales que permitan mejorar la comercialización de productos agroecológicos. En este sentido, la experiencia que se está desarrollando en La Araucanía no solo representa una oportunidad para los agricultores participantes, sino también un referente para la transformación de la agricultura en otros territorios del país’, dijo finalmente Manuel Vial, profesional INIA encargado del programa en La Araucanía.

Seremi de Agricultura de Los Ríos instó a dueños de aves de corral a fortalecer la bioseguridad y denunciar tempranamente al SAG, recordando que existe un seguro gratuito vigente para esos casos.

La reaparición de brotes de influenza aviar en distintos puntos del país ha encendido las alertas sanitarias, en un escenario que también se replica a nivel internacional debido a la circulación del virus en aves migratorias. Esta enfermedad, altamente contagiosa, ha generado impactos relevantes en la producción avícola, el comercio internacional y la seguridad alimentaria, obligando a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y vigilancia.

En Chile, la influenza aviar ha provocado en los últimos años la activación de protocolos sanitarios que incluyen sacrificios preventivos de aves, restricciones de movimiento y monitoreo permanente por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. A nivel global, países de Europa, Asia y América han enfrentado brotes que han afectado tanto a la industria como a la fauna silvestre, con millonarias pérdidas económicas y efectos en la cadena de suministro.

En cuanto a los síntomas, la gripe aviar en aves se manifiesta con alta mortalidad, dificultad respiratoria (tos, secreciones nasales), plumaje erizado, diarrea y descoordinación. Es clave observar hinchazón en la cabeza, cuello o patas, junto a un color azulado en cresta y barbillas. Además, se registra una caída drástica en la producción de huevos, lo que suele ser una de las primeras señales de alerta en planteles afectados.

En este contexto, el seremi de Agricultura de Los Ríos, Rodrigo Emilet Bahamonde, realizó un llamado urgente a los propietarios de aves de corral a reforzar las medidas de bioseguridad en sus gallineros, especialmente evitando el contacto con aves silvestres que puedan ser portadoras del virus.

Emilet explicó que actualmente se encuentra vigente en el país el Seguro de Enfermedades Exóticas en Aves, contratado por Agroseguros, cuyo objetivo es incentivar la denuncia temprana ante posibles focos de contagio.

‘Es importante que, ante cualquier sospecha, se realice de inmediato la denuncia ante el Servicio Agrícola y Ganadero, ya que existe un seguro que protege tanto a productores de traspatio como a planteles industriales frente a eventuales pérdidas’.

Bahamonde agregó que, para acceder a este beneficio, los productores deben contar con el Rol Único Pecuario (RUP) activo y mantener a sus aves en condiciones adecuadas de confinamiento, con cierres y techumbres que impidan el contacto con aves migratorias.

COBERTURA SIN COSTO

Por su parte, el subdirector de Operaciones de Agroseguros, Ibar Silva Donoso, detalló que la institución dispone de una póliza colectiva anual sin costo para los productores, que cubre tanto a criadores de traspatio —con hasta 1.000 aves— como a planteles industriales de mayor tamaño.

El seguro contempla indemnizaciones en caso de sacrificios sanitarios decretados por el SAG frente a enfermedades como influenza aviar, Newcastle, tifosis o pulorosis. Para ello, debe existir una resolución oficial que confirme la presencia del virus.

Los representantes del agro reiteraron que la detección temprana y la notificación oportuna son fundamentales para contener la propagación de esta enfermedad, cuyo riesgo aumenta en determinadas épocas del año debido a la migración de aves silvestres.

Recuadro
103 brotes se han registrado este año en el mundo, con alta incidencia en Estados Unidos (83 brotes), seguido por Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Uruguay.

En Duao, durante su primera visita a regiones, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, suscribió junto al Gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez- Salamanca, un convenio que beneficiará a las familias que estén en proceso de regularización de su propiedad raíz.

Favorecer a las familias en situación de vulnerabilidad y sectores rurales al agilizar la regularización de títulos de dominio es el objetivo del convenio de colaboración suscrito hoy en Duao, por la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. Este acuerdo busca establecer un trabajo coordinado entre ambas instituciones para dar respuesta a una creciente demanda en la región. La firma ocurrió en el marco de la celebración del 50° aniversario de la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA Educa, que se realizó en las dependencias del Liceo Agrícola San José de Duao. En la oportunidad, estuvieron también presentes el delegado presidencial de la región, Juan Eduardo Prieto; el seremi de la cartera, Flavio Bazzi; y el jefe de la división de Constitución de la Pequeña Propiedad Raíz de dicho Ministerio, Francisco Leyton. La Región del Maule tiene una alta demanda por el saneamiento de títulos en la región del Maule.

En los últimos 5 años (20212025), en promedio se han ingresado 2.586 nuevas solicitudes anuales, de las cuales el 99,4% corresponde esta regularización. A marzo de 2026, la Región del Maule registra 8.104 solicitudes en proceso, equivalente al 12,2% del total nacional, lo que representa un aumento del 92,8% respecto a 2021 y del 3% respecto a 2025, refle- jando la creciente presión sobre el sistema y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional. A través de este convenio, el Gobierno del Maule asume un rol clave en la articulación de políticas públicas que permitan acelerar la regularización de la propiedad, apoyar a las familias en la obtención de sus títulos de dominio y avanzar en una gestión más eficiente del suelo fiscal, impulsando proyectos estratégicos para el desarrollo regional. Además, gracias a este instrumento el Ministerio de Bienes Nacionales también podrá realizar una mejor gestión del suelo fiscal, identificando y disponiendo de terrenos para proyectos estratégicos. La ministra Parot destacó este hito, expresando que ‘estoy muy contenta de estar acá en el Maule, donde nací y, por lo tanto, tengo un profundo afecto y orgullo y también un compromiso con traer buenas noticias como la que tenemos hoy.

Hemos firmado un convenio que responde a una necesidad urgente y concreta de esta región: hacernos cargo del gran aumento de solicitudes de regularización de tierra que tienen las personas del Maule. Así estamos avanzando en soluciones reales para miles de familias, que han esperado años para tener certeza jurídica sobre sus tierras y que gracias a este convenio muy pronto, tendrán su título en la mano’. La autoridad de Bienes Nacionales agregó que ‘Hay un desafio a nivel país en esta materia y en el que estamos trabajando desde el Ministerio, en línea con el Plan de Reconstrucción que anunció anoche el Presidente Kast, que busca poner a Chile en acción, destrabando proyectos, agilizando procesos y poniendo en marcha iniciativas que han estado detenidas por demasiado tiempo’. Por su parte, el gobernador manifestó que ‘valoramos profundamente la importancia de este convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Estamos muy contentos de trabajar junto a la ministra Catalina Pérez, quien además es maulina y conoce muy bien la cartera, lo que sin duda permitirá avanzar con mayor rapidez. Este acuerdo es clave porque entrega certeza jurídica a las familias; muchas personas inician estos procesos con la esperanza de convertirse en propietarias de sus inmuebles, y eso cambia su calidad de vida. Hoy estamos hablando de cerca de 2.000 familias maulinas que esperan esta regularización, por lo que este convenio va a ser un gran avance. Como Gobierno Regional, estaremos muy atentos para que su implementación comience lo antes posible’. El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, explicó que ‘este convenio responde a una necesidad urgente de nuestra región. Hoy estamos dando un paso concreto para acelerar la regulariza-

Si bien ven efectos positivos, expertos advierten que la falta de claridad podría abrir espacio a controversias y uso indebido del mecanismo.

Sergio Lehmann, Jorge Riesco, Cecilia Cifuentes y Tomás Izquierdo.

El Mercurio

La propuesta del Gobierno para agilizar la regulación ambiental -en el marco del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico- fue abordada por economistas y gremios empresariales.

En concreto, el Ejecutivo busca resolver uno de los principales frenos a la inversión: la incertidumbre que genera la judicialización de proyectos, incluso después de haber sido aprobados ambientalmente.

El diagnóstico de la administración de Kast apunta a que la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no asegura la materialización de las inversiones.

Esto, debido a una extensa cadena de impugnaciones judiciales que, en la práctica, puede extenderse por años y terminar paralizando iniciativas ya visadas por la autoridad técnica.

Las cifras que maneja el Gobierno refuerzan ese punto: aunque el 85% de las impugnaciones confirma la resolución original, el 100% de los proyectos enfrenta demoras promedio cercanas a los 30 meses.

Un escenario que, según advierten, eleva los costos financieros y desincentiva la ejecución de inversiones.

Frente a ello, la propuesta plantea que , si una RCA aprobada es revocada por tribunales, el Estado reembolse los gastos ya incurridos por el titular del proyecto. Así, la medida busca reducir el riesgo asociado a la judicialización y entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas.

Economistas: menor incertidumbre, pero con foco en el diseño

Desde el mundo económico, la iniciativa fue valorada en términos generales. Por ejemplo, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, dijo a Emol que ‘ esta medida reconoce que, a pesar de tener las aprobaciones correspondientes para un proyecto, una resolución judicial podría detenerlo. La suerte de seguro que se propone, contiene el costo de las incertidumbres del proceso, generando impactos positivos en la inversión y el crecimiento’.

En una línea similar , Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines y ex miembro del Grupo de Política Monetaria (GPM), dijo a Emol que ‘que apunta en el sentido correcto, contribuye a estimular la inversión’.

‘Reduce discrecionalidad al proceso, porque si se cumple con la norma y se aprueba, el regulador asume una responsabilidad frente al inversionista. Acota costos del proceso y, probablemente, acota plazos (limite 6 meses para judicializar)’, añadió.

A su vez, Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, dijo a Emol que ‘el objetivo que se plantea el gobierno con esta medida a mí me parece conceptualmente correcto’.

En ese sentido, planteó: ‘¿Cuál es el tema aquí detrás? Que el gobierno está tratando de introducir cambios que reduzcan la permisología con el objetivo clave de dar mayor certeza jurídica y disminuir el costo de los proyectos’.

Más allá del respaldo inicial, los economistas coincidieron en que el impacto de la medida dependerá de su implementación concreta. En particular, destacaron su potencial para reducir costos financieros y acotar los plazos de desarrollo de los proyectos.

En ese contexto, Izquierdo profundizó en que ‘hay que entender que acoto costos por dos vías, reducción de tiempo del proceso, porque cada día que pasa tiene un costo financiero, y reembolsa lo que, hasta ahora, es un riesgo de pérdida completa, si el proyecto se cae en la etapa judicial’.

Separación de poderes y riesgos de ‘abusos’

Cifuentes, en tanto, puso el foco en los equilibrios institucionales involucrados y en los riesgos asociados al diseño de la política.

‘Hay temas que los puede manejar el Ejecutivo, que dependen de todos estos permisos, pero después está el poder judicial en el fondo. Y ahí, por supuesto, el ejecutivo no tiene control sobre el poder judicial’, señaló.

Asimismo, agregó ‘ lo que el gobierno está tratando de hacer es disminuir esa certeza jurídica , de alguna manera planteando que si es por temas de ese ámbito, va a reembolsar el costo de los proyectos’.

En esa línea, advirtió que ‘entonces, conceptualmente es correcto. Ahora, aquí es súper relevante cómo se termine haciendo esta medida para que, de partida, no vaya a haber ‘abusos’ de proyectos

En ese sentido enfatizó que ‘es importante cómo se legisle’, no obstante, sostuvo que ‘es conceptualmente correcto lo que se está buscando, porque es lo que ha salido también con el tema de los impuestos’.

Finalmente, subrayó que ‘al final, lo que dicen los empresarios es que, más que el aumento en la tasa de impuesto, lo que ha sido más complejo en Chile es la incerteza jurídica’.

‘El cambio en las reglas del juego, el no poder saber si un proyecto se va a poder llevar a cabo al final, que se van a perder recursos por años para que después judicialmente se impida el proyecto. Entonces, en ese sentido me parece razonable’, concluyó.

Gremios mineros: impulso a la inversión, pero a la espera de detalles

Desde la vereda empresarial, el respaldo también fue explícito, aunque acompañado de cautela respecto de los detalles de la propuesta.

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dijo que ‘como Sociedad Nacional de Minería, valoramos que las medidas anunciadas por el Presidente Kast apunten a reactivar la inversión y fortalecer la competitividad. Todo lo que contribuya a dar mayor certeza jurídica, simplificar la regulación, acortar plazos y facilitar la ejecución de proyectos mineros va en la dirección correcta’.

Sin embargo, afirmó que esperan ‘pronto conocer el detalle concreto de estas medidas y que estas iniciativas se tramiten con celeridad, porque Chile necesita avanzar rápido en destrabar inversiones que son clave para el crecimiento, el empleo y el desarrollo del país’.

Riesco también abordó el impacto específico de la medida en la industria, señalando que ‘respecto a la propuesta de reembolso en caso de judicialización, los costos de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental, (DIA) pueden variar significativamente, porque dependen de múltiples factores: si se trata de un proyecto greenfield (desde cero) o brownfield ( ampliación o modernización de instalaciones ya existentes), del tamaño de la inversión -gran o mediana minería- y de la complejidad ambiental y territorial’.

‘Un EIA, en proyectos de mayor envergadura, puede implicar costos que incluyen estudios de línea base, ingeniería, participación ciudadana y asesorías especializadas’, subrayó.

En cambio, dijo las DIA ‘responden a procesos más acotados, generalmente vinculados a modificaciones o ampliaciones operativas, por lo que sus costos son menores’.

Además, enfatizó que ‘ el costo en este caso dependerá de lo que entendamos por gastos ‘asociados’ a un proyecto: en las medidas anunciadas se da a entender que es todo lo que se ha gastado e invertido en el proyecto, entre la presentación de la DIA o EIA y la revisión o anulación’.

De ser así, aseveró que ‘ va en la línea correcta porque reduce el riesgo de invertir y puede incentivar el desarrollo de nuevos proyectos’.

En esa línea, José Pakomio , presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), dijo a Emol que ‘valoramos que se estén impulsando medidas que reconozcan el impacto que tiene la judicialización en los proyectos de inversión, especialmente cuando se trata de iniciativas que ya han pasado por el proceso de evaluación ambiental y cuentan con una RCA aprobada’.

Asimismo, destacó que ‘el reembolso de los gastos incurridos en caso de una eventual revocación judicial puede contribuir a mitigar parte del riesgo económico asociado a estos proceso’.

No obstante, advirtió que el desafío es más amplio: ‘Al mismo tiempo, es importante seguir avanzando en mecanismos que fortalezcan la certeza para la inversión , considerando que estas decisiones no dependen únicamente de la recuperación de costos, sino también de la posibilidad de ejecutar los proyectos dentro de plazos razonables y con reglas estables’.

Desde el mundo agrícola, si bien la mayoría de los proyectos no requiere RCA, también se relevó el problema de la incertidumbre como un factor clave.

En esa línea, la Sociedad Nacional de Agricultura ( SNA) señalaron a Emol que ‘el sistema para estudiar los impactos ambientales en Chile se ha vuelto una fuente de incertidumbre para los titulares de los proyectos, por lo que todo lo que implique aumentar la certeza que otorga la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable nos parece que va en la línea correcta, más que para eliminar trabas, para fomentar la inversión’.

Congresistas locales también advierten que subir penas no basta si es que no se cuenta con un control territorial efectivo.

En un escenario marcado por el aumento de delitos en zonas rurales, el avance legislativo del proyecto de ley que endurece las sanciones por el robo de insumos, productos y maquinaria agrícola ha reactivado el debate político en la Región del Biobío.

La iniciativa, que ya fue despachada a segundo trámite, busca establecer un marco jurídico que reconozca estos delitos, los cuales hasta ahora no cuentan con una tipificación clara en el Código Penal.

En lo concreto, el proyecto propone penas de presidio menor en su grado máximo, desde tres años y un día hasta cinco años, para quienes sustraigan maquinaria o insumos agrícolas.

La misma sanción se aplicaría a quienes incurran en receptación de estos bienes, sumando además posibles multas y el decomiso de las especies involucradas. En tanto, el hurto mantendría sus penas generales, pero acotadas al grado máximo.

Contexto del proyecto de ley
El contexto en el que surge esta discusión legislativa no es menor. De acuerdo con el ‘Primer Barómetro de Robo Agrícola’ elaborado por la Sociedad Nacional de Agricultura, un 78% de los agricultores ha sido víctima de robos en el último año, con pérdidas que superan los $16 mil millones.

La cifra no solo evidencia la magnitud del problema, sino también su persistencia: un 40% de los afectados declaró haber sufrido tres o más episodios delictuales en ese mismo periodo.

Las estadísticas también dan cuenta de la naturaleza de los ilícitos. Los insumos agrícolas lideran los robos con un 29%, seguidos por la producción agrícola con un 18% y las instalaciones eléctricas con un 16%.

En términos económicos, las mayores pérdidas se concentran en insumos, infraestructura eléctrica y producción, lo que impacta directamente en la continuidad operativa de los predios.

A esto se suma un elemento crítico: el 67% de los encuestados manifiesta desconfianza en obtener resultados positivos tras realizar denuncias, lo que refuerza la percepción de impunidad.

Actualmente, estos delitos suelen ser perseguidos bajo figuras como ‘hurto simple’ o ‘robo en lugar no habitado’, lo que, según expertos, relativiza su gravedad y reduce las posibilidades de sanción efectiva.

En ese marco, el proyecto de ley busca corregir una brecha normativa que, hasta ahora, ha dejado a los agricultores en una situación de vulnerabilidad estructural.

Mirada desde el rubro agrícola
Desde el mundo gremial, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), ha sido enfático en señalar que el problema requiere una respuesta integral.

‘Necesitamos al menos tres líneas de acción para lograr controlar los delitos rurales. Una sin dudas es el aumento de penas, tanto para quienes directamente cometen los robos, como también para los que encargan y reducen los bienes sustraídos’, sostuvo.

El dirigente, sin embargo, fue más allá del enfoque punitivo y subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades operativas del Estado en zonas rurales. En esa línea, planteó que se requieren policías especializados en delitos rurales, con equipamiento y vehículos adecuados a las condiciones del territorio.

Asimismo, enfatizó que es indispensable agilizar los procesos investigativos del Ministerio Público y mejorar la respuesta del sistema judicial. ‘Igual responsabilidad recae en los Tribunales de Justicia, para que efectivamente se supere este garantismo que muchas veces deja a las víctimas desamparadas y a los criminales libres’, afirmó.

Desde la experiencia directa, Luis Montalva, productor de la viña El Campanario en Yumbel, valoró el avance del proyecto, destacando que responde a una preocupación extendida en el sector.

Según comentó, existe una sensación generalizada de inseguridad entre los agricultores, por lo que considera positivo que se plantee un aumento en las penas, aunque advirtió que también es necesario reforzar la presencia policial en los territorios.

Congresistas
El debate político en la Región del Biobío ha sido transversal. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, sostuvo que la iniciativa apunta en la dirección correcta, destacando que el robo agrícola no puede ser considerado un delito menor, ya que afecta directamente a quienes sostienen la economía local.

No obstante, advirtió que el aumento de sanciones no será suficiente si no se acompaña de medidas preventivas. ‘Pero no basta con aumentar las sanciones. Aquí el foco debe estar en la prevención, y eso significa más presencia de Carabineros en zonas rurales, patrullajes efectivos y una coordinación real con los agricultores’, señaló.

El parlamentario también insistió en la necesidad de fortalecer las herramientas investigativas para desarticular bandas organizadas, advirtiendo que sin control territorial, las nuevas penas podrían quedar sin efecto práctico.

En una línea similar, la diputada del Partido de la Gente por el distrito 21, Lilian Betancurt, enfatizó que el problema debe abordarse desde su raíz: el mercado negro. Según planteó, es fundamental equiparar la responsabilidad penal entre quienes roban y quienes compran bienes sustraídos, promoviendo penas equivalentes y cárcel efectiva para ambos.

Además, propuso avanzar en sistemas de trazabilidad obligatoria para maquinaria e insumos agrícolas, junto con una fiscalización más estricta de desarmadurías, como mecanismo para desarticular las redes de comercialización ilegal.

Por su parte, la diputada UDI, Flor Weisse, valoró que el proyecto reconozca el impacto del robo agrícola en pequeños y medianos productores, así como en la seguridad alimentaria del país.

No obstante, planteó que la iniciativa puede perfeccionarse incorporando medidas preventivas, mayor coordinación institucional y agravantes específicas en casos de crimen organizado o afectación a agricultores de menor escala.

Desde el Partido Demócratas, la diputada Joanna Pérez coincidió en que el proyecto visibiliza una problemática históricamente relegada. Según indicó, no se trata solo de delitos, sino de afectaciones profundas a familias rurales y a toda la cadena productiva.

En ese sentido, respaldó la necesidad de sanciones más severas, pero insistió en complementar la iniciativa con medidas que mejoren la prevención y la persecución penal, especialmente en zonas de difícil acceso.

A estas voces se sumó el diputado Patricio Briones, quien relevó el impacto que este tipo de delitos tiene sobre el tejido productivo regional.

‘Como parlamentario por la Región del Biobío, región forestal y agrícola, es un gran avance proteger justamente a aquellos microempresarios, pero principalmente aquellos que luchan día a día, por parar sus proyectos de vida. Mayores sanciones significan quizás una pequeña garantía para proteger el patrimonio, su trabajo y principalmente la tranquilidad de comunidades que ven en estos dos gremios la forma de ganarle decentemente al sistema’, afirmó.

Recuadro
‘Necesitamos al menos tres líneas de acción para lograr controlar los delitos rurales. Una sin dudas es el aumento de penas, tanto para quienes directamente cometen los robos, como también para los que encargan y reducen los bienes sustraídos’.
José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio).

Autoridades destacaron avances en el control de la plaga –incluida su erradicación en Ovalle–, pero advirtieron que persisten focos activos en el Limarí y en la provincia del Elqui, por lo que llamaron a reforzar las medidas preventivas, especialmente evitando el traslado de frutas desde zonas en cuarentena.

La Región de Coquimbo enfrenta un escenario complejo en materia fitosanitaria, con ocho campañas activas para el control de la mosca de la fruta, concentradas principalmente en la provincia del Limarí. Así lo informó el seremi de Agricultura, Vicente Cortés, quien detalló que cinco focos se ubican en Monte Patria, dos en La Serena y uno en Coquimbo.
Pese a la situación, la autoridad se mostró optimista respecto al avance de las labores. ‘Si bien es un escenario complejo, confiamos en que el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero permitirá controlar y erradicar estos focos’, señaló.
Para enfrentar la plaga, el SAG ha destinado importantes recursos. Desde el inicio de las campañas se han invertido $8.800 millones, lo que ha permitido desplegar un amplio operativo en terreno. Actualmente, cerca de 495 personas participan en las labores, apoyadas por una flota de 160 vehículos.
Cortés destacó que las acciones responden a estándares internacionales, lo que ha permitido mantener el reconocimiento de Chile como país libre de mosca de la fruta. Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, destacando el apoyo de organizaciones agrícolas y municipios.
En esa línea, reiteró el llamado a la ciudadanía a no trasladar frutas desde zonas en cuarentena, medida clave para evitar la propagación del insecto.
Desde el sector agrícola, la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari, valoró que Ovalle haya sido declarada libre de la plaga, pero advirtió que persisten desafíos, especialmente en Monte Patria, donde continúan apareciendo nuevos focos.
Además, alertó sobre el riesgo de reintroducción, considerando el tránsito desde zonas afectadas, por lo que llamó a reforzar las medidas preventivas.

El caso por la pérdida de más de US$160 millones en cerezas continúa en tribunales, mientras persisten cuestionamientos a la naviera y dudas sobre las compensaciones.

El 13 de enero de 2025, tras 17 días de viaje, el buque portacontenedores Maersk Saltoro, que se dirigía a China con más de 1.300 contenedores de cerezas chilenas, sufrió una falla en su motor principal que lo mantuvo varado —o al garete— durante varias semanas en la zona económica de Micronesia. La nave arribó al puerto de Nansha el 17 de febrero. Allí, luego de semanas de incertidumbre, la autoridad china decidió destruir el 100% de la carga, generando pérdidas estimadas en más de US$ 160 millones.

Paralelamente, Maersk, Sinergy Marine y Argosy —transportador, armador y propietario del buque, respectivamente— presentaron ante el 5° Juzgado Civil de Valparaíso una solicitud de constitución de fondo de limitación de responsabilidad. Esta buscaba fijar un tope de $15.213.309.162,12 (alrededor de US$16,4 millones) a las eventuales indemnizaciones derivadas del retraso del buque.

Desde entonces, salvo algunas iniciativas puntuales, el caso permanece en tribunales.

‘Hay una tremenda pérdida económica para las empresas, superior a los US$ 160 millones, y eso nos duele un montón, porque nosotros somos clientes de las navieras. Lamentablemente, esto, además de sentar un mal precedente, rompe las confianzas entre las exportadoras y la naviera’, afirma Antonio Walker, presidente de la SNA.

Críticas a naviera

‘Más allá de lo que han señalado las distintas instancias legales, lo relevante es que el daño fue generado por la naviera y, a la fecha, una parte importante de ese perjuicio sigue sin ser resarcido’, sostiene Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.

Para Víctor Catán, presidente de Fedefruta, la compañía no ha estado a la altura desde el inicio de la crisis.

‘Pagamos por un servicio y son ellos —Maersk— los que deben realizar las mantenciones correspondientes. Por lo mismo, si el barco presenta una falla que desconocemos, ellos tienen que hacerse responsables. Y claramente no lo han hecho’, afirma.

En la industria señalan que, a la fecha, cerca del 60% de la carga afectada ha sido compensada por la naviera. Sin embargo, las empresas que han accedido a estas indemnizaciones son aquellas que contrataron Value Protect, una solución de responsabilidad extendida ofrecida por Maersk para proteger la carga frente a daños o pérdidas.

‘Esto ha permitido dar cierta certeza, también desde el punto de vista financiero. El problema se concentra en el 40% restante, donde no ha existido compensación’, explica Marambio.

Rafael Durán, abogado socio de Legal Export, señala que incluso entre quienes contrataron esta cobertura existen diferencias importantes en los montos recibidos.

‘Hay exportadores que pagaron US$ 120 mil por el Value Protect y recibieron cerca de US$ 80 mil por contenedor. Otros, en cambio, pagaron US$ 60 mil y obtuvieron ese mismo monto como indemnización’, detalla.

En cuanto a las empresas que contaban con seguros tradicionales, la situación es dispar. Durán explica que muchas pólizas no incluían cobertura por retraso, dejando a los exportadores sin indemnización.

‘Aquellos que sí tenían cobertura por este riesgo recibieron pagos, pero por montos muy inferiores tanto a las pérdidas como a lo que ofrecía Value Protect’, agrega.

La vía judicial

Otra de las preocupaciones del sector es el curso judicial del caso, especialmente tras el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a la oposición presentada por siete empresas afectadas —entre ellas San Francisco Lo Garcés—. Con esta decisión, se validó la aplicación de las normas del Código de Comercio que permiten a las navieras limitar su responsabilidad en el transporte marítimo.

Tras el fallo del TC, la causa se reactivó en el 5° Juzgado Civil de Valparaíso. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas, lo que podría derivar en una resolución en las próximas semanas.

‘El tribunal deberá pronunciarse sobre si corresponde mantener o no la limitación de responsabilidad solicitada por Maersk como transportador y Sinergy Marine como armador, ya sea para todos o para algunos de los involucrados. En paralelo, se desarrollarán arbitrajes que determinarán las indemnizaciones de forma individual para cada exportador’, señala Durán.

En la industria coinciden en que el caso Maersk Saltoro deja importantes lecciones.

Según Iván Marambio, se debe fortalecer la gestión individual de riesgos.

‘Contar con seguros y coberturas adecuadas es clave para enfrentar este tipo de contingencias’, afirma.

Víctor Catán aconseja revisar en detalle las pólizas.

‘La idea es evitar lo que les ocurrió a muchos, que pensaban tener cobertura y en la práctica no era así’, advierte.

Tras dos malas temporadas, la industria necesita reconvertir las hectáreas y las variedades de menor calidad son las primeras apuntadas.

La última temporada de cerezas marcó un punto de inflexión para el mercado chileno. Así lo advierten desde productores, exportadores y hasta líderes gremiales del agro, que, ante otro período con precios deprimidos en China, anticipan que la industria cerecera nacional atravesará una etapa de ajuste donde la reconversión -o derechamente la salida- de hectáreas será clave para reenfocar el negocio.

En los últimos 20 años, la cantidad de hectáreas plantadas con cerezos en Chile se disparó desde 7.082 en 2004 hasta casi 80.000 en 2025, según Odepa. El boom se registró sobre todo en los últimos cinco años, cuando los niveles se duplicaron tras las exitosas campañas de venta en Asia por el Año Nuevo Chino, donde el exclusivo fruto rojo simboliza buena suerte y prosperidad. Y así, en el último quinquenio, Chile pasó de exportar 70 millones de cajas a 125 millones.

Sin embargo, las últimas dos temporadas el panorama cambió abruptamente. Pese a marcar récord de volúmen exportado, el precio en la sesión 2024-2025 cayó un 50%.

‘En esta última temporada, de 113 millones de cajas, 98 fueron a China y, de nuevo, los precios fueron mediocres’, comenta a DF el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker. ‘Mi conclusión es que el mercado chino respondió muy bien hasta las 75 millones de cajas, pero hubo una sobreoferta y, además, estamos ante una China más deprimida económicamente’.

Lecciones y reconversión

Para el líder del agro, la primera lección de esta última temporada es que ‘hay variedades que no pueden seguir produciéndose, que son las que no resisten el viaje, que no tienen el calibre, la condición ni la calidad que China exige. También debieran arrancarse huertos que no logran producciones sobre 10 toneladas por hectárea’.

Según sus cálculos, del total de hectáreas de cerezos en Chile, unas 25.000 debieran salir del negocio. Subraya, eso sí, que el fenómeno ha sucedido con distintos frutos, como la uva de mesa, la manzana e incluso el kiwi: ‘Aquí son muchas hectáreas, así que hablamos de un ajuste mayor’.

Consultada al respecto, la presidenta del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, Claudia Soler, dice que en esta etapa de ajuste ‘serán cada vez más determinantes la calidad, la condición de la fruta y la capacidad logística’. Así, ‘es razonable que se produzca un reordenamiento’.

‘Aquellos huertos que no logren cumplir estándares adecuados de productividad, calidad o condición de llegada difícilmente van a sostenerse en el tiempo’, afirma.

Agrega que ‘es clave’ que las cerezas que no cumplan con los estándares no vayan a China y que se redirijan a otros destinos o simplemente permanezcan en el mercado local, ya que ‘su envío termina afectando la competitividad del sector y la imagen país’. Lo anterior, sostiene, ‘abre la discusión sobre variedades que han mostrado desempeños más débiles y que deberán ser evaluadas caso a caso’.

¿Qué plantar?

Algunos productores del sector ya van en retirada o acusando recibo de los efectos de las cifras negativas, que no compensan las inversiones de US$ 45.000 por hectárea que hicieron por sus cerezos.

Se enfrentan también a un dilema económico, explica un exportador que opta por el anonimato. La reconversión implica altos costos de inversión: primero para el arranque, después para una nueva cosecha y esperar al menos tres años para entrar en producción.

Walker revela que ‘yo ya estoy viendo huertos abandonados, porque algunos no tienen ese capital de trabajo’. Los que sí lo tienen, dice, están evaluando cómo seguir dependiendo de las condiciones de la zona en que se ubican.

Entre las especies más rentables en estos momentos, destacan el avellano europeo, la ciruela seca, los nogales, la almendra, berries y el kiwi.

Sobre el futuro del fruto rojo, enfatiza: ‘La cereza es un muy buen producto, lo que pasa es que tenemos que tener un enfoque del negocio distinto, con las variedades que corresponden’.